La Abogacía General del Estado es una institución clave en la arquitectura jurídico-administrativa de España.
Una de las tareas más exigentes que gestiona es la tramitación de las costas procesales: un procedimiento complejo que implica el análisis de expedientes judiciales, cálculos de liquidaciones, comunicaciones con diversos organismos y la emisión de documentos oficiales con plena validez jurídica.
El sistema heredado era monolítico, difícil de escalar y dependía de numerosas tareas manuales, generando ineficiencias y riesgos operativos. La combinación de estos factores hacía indispensable un rediseño profundo tanto del sistema como del proceso operativo asociado.